Bolivia y el FMI: luces rojas, advertencias firmes y la crónica de un ajuste anunciado
En el documento se hace un repaso sobre los indicadores macroeconómicos. El economista del Centro de Estudios Populi, Carlos Aranda, presenta algunas alternativas para reducir el impacto
Carlos Aranda
El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó formalmente la Consulta del Artículo IV para Bolivia. A pesar de que el informe técnico fue finalizado en tiempo y forma, su publicación estuvo rodeada de controversia.
Diversos medios nacionales reportaron que el Gobierno boliviano habría intentado obstaculizar su difusión, una actitud que —de confirmarse— no sería nueva: en los últimos cuatro años, la publicación de estos diagnósticos ha enfrentado recurrentes retrasos o bloqueos parciales. Es una señal de la incomodidad creciente con un relato oficial que no puede sostenerse frente a las cifras.
Finalmente, y con semanas de demora respecto a otros países de la región, el documento fue liberado. Y su contenido no deja lugar a dudas: Bolivia atraviesa uno de los desequilibrios macroeconómicos más graves de las últimas dos décadas. En esta nota analizo sus principales hallazgos, las advertencias del Fondo y, sobre todo, lo que implican para el futuro inmediato de nuestra economía.
Una economía ralentizada
El informe constata una desaceleración generalizada. El Producto Interno Bruto (PIB) real creció apenas 2,1% en los tres primeros trimestres de 2024. Esta cifra está lejos del promedio histórico y muestra el agotamiento del modelo basado en el consumo interno y el gasto público financiado por ingresos extraordinarios de otra época.
La caída de la producción de hidrocarburos —ya estructural— se combinó con eventos coyunturales como los efectos de El Niño, que afectaron la cosecha de soya y la industria asociada. A ello se sumaron bloqueos de carreteras, escasez de combustibles e insumos, y una creciente falta de divisas que terminó presionando sobre el tipo de cambio paralelo y la actividad productiva.
Aquí es importante introducir una reflexión metodológica: el informe del FMI no provee, en sí mismo, información que no esté disponible en las fuentes oficiales nacionales. Cualquier investigador con al Instituto Nacional de Estadística (INE) y al Banco Central de Bolivia (BCB) podría, con algo de esfuerzo y honestidad intelectual, arribar a conclusiones similares.
El valor añadido del FMI radica más en sus proyecciones y en el marco interpretativo que propone, que en los datos crudos que expone. De hecho, el documento podría haber profundizado más, por ejemplo, en la evolución del Índice de Precios al Productor y Mayorista, la composición del comercio exterior, y los efectos acumulativos de decisiones políticas desacertadas en los últimos años.
Inflación, subempleo y erosión del ingreso real
La inflación interanual alcanzó el 10% a fines de 2024 —el nivel más alto en más de una década— impulsada por mayores costos de importación, escasez de oferta interna y una creciente incertidumbre sobre el valor real de la moneda nacional, siendo este último el factor más importante, debido al incremento de financiamiento del déficit fiscal.
Aunque la tasa de desempleo abierto se ubica en 3,6%, el informe señala que el subempleo ha aumentado de forma preocupante. En otras palabras, hay más personas empleadas, pero muchas de ellas en condiciones precarias, informales o mal remuneradas.
El ingreso real promedio ha caído, lo que se traduce en un deterioro palpable del poder adquisitivo de los hogares. No se trata de un dato menor: la erosión del ingreso real es una de las vías más silenciosas pero profundas por las que el desequilibrio macroeconómico se convierte en inestabilidad social.
Un déficit fiscal estructural, financiado con emisión
Uno de los aspectos más críticos del informe es el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF), que supera el 10% del PIB tanto en 2023 como en 2024. La caída en los ingresos hidrocarburíferos, el uso recurrente de exenciones fiscales, el aumento del gasto social no focalizado y el crecimiento de los intereses de la deuda pública componen una mezcla explosiva.
El FMI subraya que este déficit ha sido financiado, en su mayor parte, por el Banco Central (y en menor medida por los Fondos de Pensiones y la Deuda Externa). Esta práctica erosiona la credibilidad monetaria y compromete la estabilidad de largo plazo. En este punto, conviene hacer un matiz clave: poner fin al financiamiento monetario es, sin duda, sano y deseable, pero es solo posible si se elimina primero el déficit fiscal.
Bolivia tiene un muy limitado a los mercados privados de deuda y, aun si lo tuviera, el riesgo país actual encarecería cualquier financiamiento externo. El Fondo podría prestar recursos, pero financiar un gradualismo sin anclas sólidas es una apuesta riesgosa, como lo demostró, recientemente, la experiencia de la Argentina bajo la presidencia de Mauricio Macri (no la de Javier Milei).
Un sistema bancario que resiste en condiciones adversas
A pesar de la fragilidad macroeconómica, el sistema financiero presenta indicadores relativamente estables. El índice de adecuación de capital se mantiene en 13,5% y la cartera en mora es baja. No obstante, los depósitos han disminuido en términos reales y los márgenes de intermediación están presionados por los controles de tasas.
La rentabilidad ha sido salvada, en parte, por ganancias en operaciones de cambio, un hecho que revela una distorsión preocupante: cuando el negocio bancario se vuelve más rentable por diferencias cambiarias que por créditos productivos, es señal de una economía mal alineada con sus objetivos de desarrollo.
Una política económica insostenible
El corazón del informe —y lo que probablemente explica las reticencias iniciales del Gobierno a su publicación— está en la evaluación de la Junta Ejecutiva del FMI. El lenguaje es directo: los desequilibrios fiscales y externos son "agudos", la combinación de políticas es "insostenible", y se requiere un “cambio decisivo” en el marco de la política monetaria y cambiaria.
Los directores ejecutivos del FMI recomiendan tres medidas urgentes:
1.Reorientar el tipo de cambio hacia niveles consistentes con los fundamentos económicos, avanzando hacia un esquema de mayor flexibilidad cambiaria.
2. Eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles, racionalizar el gasto público y mejorar la eficiencia del Estado.
3. Poner fin al financiamiento monetario del déficit fiscal, fortaleciendo la independencia del Banco Central y reconstruyendo reservas internacionales.
Además, sugieren reformas estructurales para mejorar la productividad, atraer inversión privada, eliminar controles de precios y cupos de exportación, y reducir la discrecionalidad normativa. También enfatizan la necesidad de proteger a las poblaciones vulnerables mediante programas sociales focalizados, es decir, que lleguen a quienes realmente lo necesitan.
El FMI y su evaluación: ¿una receta estándar?
La evaluación de la Junta Ejecutiva del FMI fue clara. Bolivia mantiene una política económica insostenible, marcada por desequilibrios fiscales y externos agudos, y una combinación de políticas incompatible con la estabilidad. Los directores alertan que la inacción podría derivar en un “ajuste doloroso y desordenado”, como ya ha ocurrido en otros episodios históricos del país.
Las recomendaciones del FMI —a menudo demonizadas en el discurso político— son, en realidad, bastante suaves y prudentes: racionalizar el gasto, reducir gradualmente los subsidios, volver más eficiente el Estado y transitar hacia un tipo de cambio más flexible, pero carecen de especificación (no tendrían por qué tenerla).
“Cualquier plan de estabilización serio necesita ser creíble, específico y rápido. La confianza no se decreta, se construye con acciones y coherencia y experiencias recientes en la región han señalado que el gradualismo puede fracasar en el intento, en ese sentido las sugerencias del FMI son bastante suaves”.
La discusión sobre el ajuste no debería centrarse en el FMI, sino en cómo el país recupera su sostenibilidad sin sacrificar su cohesión social. El verdadero desafío está en la política, no en la técnica.
¿Y ahora qué? Reflexiones finales
El informe publicado recientemente no es el documento completo de la consulta del Artículo IV. Aún falta la versión extendida que, tradicionalmente, supera las 50 páginas e incluye análisis más detallados de la política fiscal, la estructura productiva y los riesgos de mediano plazo. Pero al ritmo en que avanza la crisis económica, los actores políticos que aspiran a devolver la estabilidad al país no pueden darse el lujo de esperar su publicación.
Improvisar planes de gobierno, o delegar el diagnóstico a organismos externos, es una señal de falta de preparación. La información necesaria para entender la crisis está —aunque de forma imperfecta— disponible en las fuentes oficiales, si se saben leer e interpretar. El reto es construir un programa creíble, financiable, técnicamente sólido y políticamente viable. Esa tarea no puede postergarse más.
