Cara a Cara
En diciembre de 2022, tras un operativo a cargo de tropas de élite de la Policía, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue secuestrado y trasladado a La Paz en un avión que esperaba en Viru Viru con los motores encendidos. Se consumaba así una exitosa ‘operación comando’ contra la principal autoridad cruceña que desde entonces se mantiene privada de su libertad en el lóbrego penal de Chonchocoro, por el denominado caso ‘Golpe I’. En las últimas horas, el tribunal donde se ventila dicho caso denegó una solicitud de libertad presentada por la defensa de Camacho que recurrirá a instancias internacionales para denunciar la retorcida istración de justicia en el país.
Casi al mismo tiempo, la justicia revirtió el fallo que había anulado una orden de aprehensión contra el expresidente y caudillo cocalero Evo Morales, demandado en octubre de 2024, por un caso de presunta trata de personas con agravante. A diferencia de Camacho, Morales sigue en libertad e incluso hace campaña como precandidato afanado en retornar al poder en las elecciones de agosto próximo. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que la orden de aprehensión contra Morales sigue vigente pero analizarán “una vez más el plan de hacerla cumplir”. (¿?)
Los casos expuestos son propios de una justicia sometida al poder político como lo está en Bolivia, -ancha para unos y angosta para otros-, bajo el prolongado régimen masista que, a la par, hace brillar por su ausencia al estado de derecho, un principio esencial de las sociedades libres y democráticas. La nuestra inspira al menos serias dudas…
