Cara a cara

Transcurre casi un año desde el registro de la peor devastación de la historia del bosque en Santa Cruz que alberga ocho de las nueve regiones boscosas de Bolivia, lo que convierte al departamento cruceño en uno de ecosistemas más ricos del país. El bosque desempeña un papel fundamental en el equilibrio ambiental, desde la captación de agua hasta la conservación de innumerables especies, incluidos los  microorganismos. Por eso, es posible considerar como una ‘tragedia medioambiental’ el fuego intenso y prolongado que afectó más de 10 millones de hectáreas compuestas por un 58% de bosques y 42% de tierras de vegetación no boscosa.

En ese 2024 de triste recuerdo, las quemas comenzaron en el mes mayo y se extendieron hasta octubre. Las de este 2025 parecen llevar retraso. Aquel año se registró la cifra récord de  36.800 focos de calor, con el 97% concentrados en los territorios de Santa Cruz y Beni. Especialistas en la materia se refieren a la necesidad  de implementar con prontitud políticas públicas de prevención y manejo del fuego para antes, durante y después de los incendios. 

No obstante, siguen vigentes las llamadas ‘leyes incendiarias’ aprobadas por el gobierno de Evo Morales y que fomentan desmontes y quemas para la expansión de la frontera agrícola, mientras en lo que va de su gestión, el presidente Luis Arce ha sido incapaz de promover la abrogación de esas normas dizque para no afectar a los productores. Un par de ejemplos de cómo las cosas funcionan exactamente al revés en el desventurado Estado Plurinacional.