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Medidas urgentes para garantizar la transición democrática en Bolivia

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Fecha publicación: 08/06/2025 - 04:00
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Bolivia enfrenta actualmente un contexto de alta vulnerabilidad que podría interrumpir su transición democrática de cara a las elecciones generales de agosto de 2025.
 

El país enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Las elecciones generales del 17 de agosto de 2025 están en riesgo, no por falta de voluntad institucional—el Tribunal Constitucional Plurinacional ha garantizado su realización—sino por una profunda crisis múltiple que amenaza la estabilidad del proceso democrático. Desde el deterioro económico que ha puesto fin al llamado "milagro económico" de principios de siglo hasta el malestar social creciente y las tensiones políticas internas, el panorama es sumamente delicado. La falta de divisas, la inflación elevada y la escasez de productos básicos están alimentando el descontento ciudadano, mientras los candidatos presidenciales proponen medidas urgentes como austeridad fiscal e industrialización para revertir la situación. Sin embargo, la debilidad institucional, sobre todo en el Tribunal Supremo Electoral, y la influencia de actores judiciales generan dudas sobre la capacidad de garantizar elecciones limpias. Para evitar que la transición democrática se vea interrumpida, es crucial fortalecer el diálogo político, blindar la independencia electoral y aplicar políticas económicas realistas. Solo así se podrá preservar la democracia en medio de esta tormenta perfecta.

Los peligros clave son:

Convulsión social: La inhabilitación de Evo Morales ha desatado amenazas de "convulsión" por parte de sus seguidores, que ya han comenzado con bloqueos y protestas bajo la consigna "Sin Evo no hay elecciones" .

Crisis económica: La inflación del 15 %, la escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, y la falta de dólares están profundizando el malestar social y alimentando el riesgo de protestas masivas.

Fragmentación política: La división dentro del MAS y la debilidad de la oposición generan un escenario de polarización y falta de consensos.

El gobierno de Arce ha anunciado acciones legales contra Evo Morales y sus seguidores por promover bloqueos y obstrucción al proceso electoral, asegurando que garantizará la realización de las elecciones “con uso de la fuerza pública si es necesario” para restablecer el orden y el libre tránsito. Sin embargo estas medidas coercitivas no son suficientes para contener el enorme descontento por la crisis en la población en general, la cual puede estallar como una olla de presión.

Las otras medidas  necesarias para evitar la interrupción democrática son: a) Fortalecer el diálogo político entre el Gobierno, la oposición y actores sociales para evitar la escalada de la violencia; b) Garantizar un proceso electoral transparente y seguro, con el acompañamiento de organismos internacionales;  y  c) Adoptar políticas de alivio social y económico para mitigar el descontento ciudadano.
Sobre este último, se podría Acceder a créditos multilaterales o bilaterales de emergencia para paliar crisis de escasez de dólares y garantizar la importación de carburantes es una herramienta utilizada por varios países. Ecuador, durante la crisis de 1999-2000, logró un paquete de US$2.000 millones con apoyo del FMI, Banco Mundial, BID y CAF para estabilizar su economía y sostener las reservas de divisas.  Argentina ha recurrido repetidamente al FMI: en 2018 obtuvo un préstamo stand-by de US$57.000 millones para frenar la fuga de dólares y sostener el tipo de cambio, aunque con condiciones estrictas. En términos bilaterales, China ha sido un actor relevante: en Venezuela y Ecuador ha otorgado créditos respaldados por exportaciones de petróleo o minerales. Sin embargo, este tipo de acuerdos suelen incluir compromisos a largo plazo y condicionalidades en el a recursos naturales.

 Bolivia podría seguir estos ejemplos, negociando apoyo multilateral para sostener las reservas y garantizar importaciones clave, aunque debe superar su desconfianza histórica hacia el FMI y mejorar la transparencia y credibilidad fiscal para atraer apoyo urgente.

Solo un compromiso genuino con el diálogo y la institucionalidad permitirá preservar la democracia boliviana en este contexto tan crítico.
 

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