Acusan a Evo de instruir cerco en medio de amenazas a dos órganos del Estado
Hubo una amenaza de bomba en la sede nacional del TSE, y en Sucre los magistrados del TSJ también reaccionaron ante posibles ataques. En horas de la noche, fueron detenidas dos personas que pretendían atacar el T.
A 73 días de las elecciones generales, Bolivia vive un momento de extrema tensión política. La presión por habilitar a Evo Morales como candidato presidencial ha escalado a un nivel inédito, con denuncias de amenazas de bomba a dos poderes públicos —el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia— intentos de sublevación, bloqueos masivos y, ahora, grabaciones en las que se atribuyen al exmandatario instrucciones para cercar ciudades y atentar contra personeros del gobierno del presidente Luis Arce. Todo esto en medio del malestar ciudadano por la crisis.
Una primera alarma se encendió cuando Ruddy Capquique, exdirigente del ala evista, reveló públicamente que Morales le había ordenado movilizar a sus bases para provocar caos total. Según Capquique, el objetivo es claro: forzar su habilitación como candidato, desoyendo la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (T) que vetó la posibilidad de más de dos relecciones o 10 años en el poder. Evo gobernó el país más de 14 años.
“Don Evo Morales nos ha llamado, me ha dado la instrucción clara de levantarnos en sublevación. Está dando órdenes para convulsionar Bolivia, generar caos, zozobra y muerte en el territorio nacional”, denunció Capquique en un o con periodistas de La Paz.
La denuncia fue respaldada por registros de audio que el dirigente dice haber grabado en el contexto de una llamada telefónica. El audio refleja un lenguaje radicalizado. En uno de esos registros, una voz atribuida a Evo Morales afirma: “Es con todo, hermano. Es la batalla final. Nos ganamos o perdemos. Yo veo que la situación va a empeorar. A Lucho ya no le cree nadie. Es por el gobierno maleante, corrupto, familiar e institucionalmente (sic)”.
Omar Ramírez, un exdirigente campesino y próximo al proyecto político denominado Evo es Pueblo, afirmó que el Gobierno “intenta desmovilizar las protestas” con este tipo de denuncias. Negó que el registro de audio sea auténtico y aseguró que se trata de un “montaje” que apunta a criminalizar al líder cocalero que reclama su participación en las elecciones.
Poco después de estas declaraciones, la radio cocalera Kawsachun coca reportó la instalación de nuevos puntos de bloqueo en las carreteras del país por dirigentes que fueron repitiendo la demandas para que Arce renuncie y se permita la postulación de Evo a los comicios. Los plazos para el registro de candidaturas ya vencieron el 19 de mayo y esa decisión es irrevisable.
El dirigente campesino David Mamani, líder de los Ponchos Rojos de La Paz, también habló de “cercar” La Paz hasta que el gobierno de Arce termine. Su sector se plegó a la movilización evista que logró instalar hasta 30 bloqueos, aunque otros fueron despejados como fue el caso de la ruta Sipe Sipe-Parotani que conecta a Cochabamba con los departamentos del occidente.
“Desde el lunes 9 de junio vamos a tomar nuevas medidas de lucha sindical: vamos a ir a piquete de huelga de hambre, vamos a ir a marchas, bloqueos de caminos a nivel departamental y nacional, y vamos a ir al cerco de la Sede de Gobierno hasta que el gobierno de Luis Arce se vaya porque ya no representa al sector popular”, dijo Mamani en un mitin.
En este contexto, según lo descrito por Capquique, el plan de Evo incluye el cierre de rutas estratégicas como las salidas a Yungas, Desaguadero y Aroma, además de un cerco total a La Paz, similar al que se intentó en 2019. Morales, de acuerdo con el testimonio, considera que “si La Paz no encabeza, esto no va a haber”, en referencia a la movilización que comenzó el lunes.
Capquique advirtió que los cercos no serán suficientes y que se ha sugerido, incluso, generar atentados con explosivos. El plan incluiría atribuir, además, esos ataques al narcotráfico, para desviar su motivación política y evadir responsabilidades sobre el interés para repostularse.
Amenazas contra exautoridades. Una de las partes más delicadas de la denuncia implica atentados contra figuras cercanas al gobierno. Capquique señaló directamente a Suseth Rodríguez, integrante del Pacto de Unidad evista, como operadora de Morales en este esquema. Según los audios, Rodríguez instruyó atentar contra los domicilios de Hugo Moldiz, Melania Torrico y Fernando Hureña.
“Nos ha dicho que atentemos con explosivos. Nosotros no lo vamos a hacer, por eso estoy haciendo esta denuncia ante Bolivia y el mundo”, afirmó Capquique. Otro audio, también atribuido a Rodríguez, revela tensiones internas por la demora en ejecutar los planes: “Hasta el jefe nos ha preguntado. Hemos quedado mal porque tú me has dicho que iba a ser el lunes... ¿Cuándo va a ser? Estamos atentos”.
El dirigente también mencionó al exministro Juan Ramón Quintana como parte de la coordinación de estas acciones. Aseguró que teme por su vida y la de su familia, y pidió garantías al Estado. “Estas personas pueden hacer cualquier cosa con mi integridad. Yo no me voy a prestar a este tipo de situaciones”, manifestó.
En paralelo a esta denuncia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue objeto de una inspección de seguridad por parte de Bomberos y equipos antiexplosivos, luego de recibir amenazas anónimas. La revisión no halló artefactos sospechosos, pero sí dejó al descubierto la vulnerabilidad de las instituciones encargadas del proceso electoral del 17 de agosto.
El mismo día, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó una denuncia penal por un video anónimo en el que un encapuchado con la voz distorsionada amenaza con impedir las elecciones si Morales no es habilitado. Las advertencias también iban dirigidas al TSE, al T y al propio presidente Arce. “Vamos a hacer respetar la institucionalidad y la democracia. A nosotros no nos corren con la vaina del sable”, respondió el presidente del TSJ, Romer Saucedo, quien aseguró que ya se identificó a los responsables y que el Ministerio Público debe actuar con firmeza. El delito que se investiga es instigación pública a delinquir y amenazas.
Saucedo pidió reforzar la seguridad de los magistrados: “Tenemos familia e hijos. Que quede claro: a nosotros no nos va a presionar nadie. Nuestro único sometimiento es a la Constitución”.
Mientras tanto, la protesta evista continúa generando severos impactos en la vida nacional. Ayer se cumplieron tres días de bloqueos, con al menos 25 puntos de obstrucción en el país, según la a de Carreteras.
