Dos órganos del Estado cierran filas y garantizan las elecciones de agosto
Tras la avalancha de acciones de inconstitucionalidad las autoridades judiciales, constitucionales y electorales aseguraron que no darán lugar a las demandas de actores políticos que buscan paralizar el proceso electoral programado por el TSE
Blindaje. Las recientes acciones de inconstitucionalidad presentadas por al menos cuatro organizaciones y personas, que generaron incertidumbre sobre la realización de las elecciones generales del 17 de agosto, llevaron a que dos órganos del Estado cierren filas y se pronuncien en una sola jornada, a fin de despejar dudas sobre los comicios.
Las posiciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Constitucional Plurinacional (T) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se manifestaron en un contexto marcado por denuncias contra el Gobierno nacional, donde precandidatos presidenciales y actores políticos, tanto de la oposición como del ‘evismo’, acusaron al presidente Luis Arce de buscar mecanismos para prorrogarse en el poder. Esa oleada llevó al propio mandatario a salir al paso y asegurar que este año habrá elecciones “sí o sí”.
Los pronunciamientos
Primero fue el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, quien, arropado por magistrados de ese órgano, manifestó que el país atraviesa una profunda crisis institucional y que la historia los convocaba a tomar decisiones concretas para evitar un desorden constitucional. En esa línea, exhortó a los jueces a demostrar “su compromiso firme con la democracia” y no itir acciones de inconstitucionalidad contra las elecciones.
Pidió considerar los aspectos teóricos, doctrinarios y jurisprudenciales a la hora de ponderar derechos, porque los intereses individuales y personales no pueden conculcar derechos colectivos al punto de desencadenar en un posible caos civil”, afirmó Saucedo.
La autoridad máxima del TSJ advirtió que el incumplimiento de estos criterios llevará a iniciar acciones legales contra aquellos jueces, que con sus resoluciones en favor de las acciones de inconstitucionalidad, intenten desestabilizar el orden constitucional establecido: “Como hombres de justicia no debemos ser cómplices de intereses mezquinos”, insistió.
Horas más tarde, el TSE y el T ofrecieron una declaración conjunta. El presidente del Órgano Electoral, Óscar Hassenteufel afirmó que las elecciones generales se realizarán de manera impostergable e ineludible el 17 de agosto, pese a los rumores de alguna organización que pretende postergar esta importante actividad.
“No deben hacer caso a ningún rumor ni comentario, a algún hecho o acto que vaya a modificar el calendario electoral”, dijo Hassenteufel.
Comentó que tras la visita sorpresiva de los magistrados autoprorrogados, Gonzalo Hurtado e Yván Espada, ambos expresaron que el T ayudará al TSE a llevar a cabo y blindar el proceso electoral, tal cual está programado.
René Espada, que ejerce como decano del T, indicó que en los últimos días surgieron especulaciones de actores políticos sobre las elecciones. No obstante, recordó que desde el 16 de enero existe un acuerdo entre salas plenas para garantizar las elecciones nacionales y que debe cumplirse.
“Estamos aquí para decirle al pueblo boliviano que las elecciones del 17 de agosto de 2025 están plenamente garantizadas en su totalidad. Los diferentes recursos que se están tramitando en el Tribunal Constitucional no van a interferir en el proceso”, ratificó.
El Decano del T aseveró que los magistrados constitucionales no permitirán que los actores políticos pongan en riesgo la realización de los comicios, y que si se observan algún tipo de presión lo denunciarán de manera pública y ante las instancias correspondientes.
Acudirán a la CIDH
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) presentará esta mañana ante el T la acción de inconstitucionalidad abstracta contra los artículos 5 y 15 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, en el que pedirán que las naciones indígenas participen en las elecciones generales, “según el artículo 209 de la E”.
Luis Ardaya, asesor jurídico de la Cidob, expresó a esta casa periodística que tras el pronunciamiento de los órganos del Estado no tienen mucha expectativa sobre la respuesta que vayan a dar a su impugnación. Eso sí, anticipó que acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), demandando al Estado boliviano.
“Queremos ejercer nuestro derecho establecido y participar en los comicios 2025”, puntualizó el jurista.
El precandidato de los Pueblos Indígenas es Fausto Ardaya que en días anteriores llegó al TSE en La Paz para pedir mediante una carta, la inscripción en el proceso electoral.
