Morales enfrenta cargos de lesa humanidad en Argentina bajo la ‘jurisdicción universal’
El caso ya fue sorteado ante un tribunal de la provincia argentina de Buenos Aires sobre la base de principios universales de derechos humanos. Entre 1998 y 2000, la justicia del Reino Unido procesó una querella similar contra Augusto Pinochet
El expresidente Evo Morales fue denunciado ayer ante la Justicia Federal de Argentina por delitos de lesa humanidad que pudo cometer durante su mandato (2006-2019). La presentación judicial fue impulsada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (Fader) y ciudadanos bolivianos que se identifican como víctimas de este caso.
Tras las formalidades de ley, el expediente fue asignado por sorteo al Juzgado Federal 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, en los tribunales de Comodoro Py, una población de la provincia de Buenos Aires. El abogado Tomás Farini Duggan es el patrocinante de la demanda, según confirmó el diario EL DEBER.
La denuncia se apoya en el principio de “jurisdicción universal”, que habilita a los Estados a juzgar crímenes de lesa humanidad aun cuando estos no se hayan cometido en su territorio y sin importar la nacionalidad de los perpetradores o de las víctimas.
Este principio, reconocido por el derecho internacional y aplicado históricamente en el caso del dictador chileno Augusto Pinochet en el Reino Unido (1998-2000), cobra fuerza especialmente “cuando en el país de origen no existen garantías de una justicia imparcial”.
En el caso de Bolivia, los denunciantes afirman que el sistema judicial está cooptado políticamente y no ofrece condiciones para investigar ni sancionar a los responsables de las violaciones cometidas durante el gobierno de Morales, según se lee en la denuncia.
Además, Argentina y Bolivia son Estados parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas. Bolivia ratificó este tratado el 12 de abril de 1999 mediante la Ley1930, y Argentina lo hizo a través de la Ley 23.338, promulgada en 1986. Argentina incorporó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional mediante la Ley 26.200, lo que le otorga competencia legal para investigar y sancionar delitos de lesa humanidad bajo su jurisdicción, aunque no hayan ocurrido en su territorio.
La denuncia presentada contra Morales incluye una lista de casos documentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha itido al menos 21 demandas por violaciones a los derechos humanos.
En el escrito, de 45 páginas, se expone que las prácticas represivas incluyeron persecución política, uso excesivo de la fuerza, tortura, detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta y manipulación del aparato judicial.
Uno de los casos emblemáticos expuestos es el del fallecido exdirector del Fondo Indígena, Marco
Antonio Aramayo, quien denunció irregularidades dentro del programa estatal y, como represalia, fue sometido a 256 procesos judiciales simultáneos en todo el país.
Aramayo fue privado de libertad en condiciones inhumanas, sufrió tratos crueles y degradantes, y finalmente falleció sin que se hiciera justicia. La denuncia señala que este es “un ejemplo extremo de cómo se utilizó el sistema judicial como herramienta de represión desde las más altas esferas del poder”.
También se documentan los hechos que rodearon el llamado “Caso Terrorismo 1”, en el cual ciudadanos como Alejandro Melgar Pereira fueron acusados sin pruebas de formar parte de una supuesta célula separatista. Los implicados fueron encarcelados arbitrariamente o forzados al exilio, y que las causas judiciales se sostuvieron durante años sin evidencias, hasta que finalmente se reconoció su carácter político y se dictaron absoluciones.
Otro caso significativo es el del ciudadano alemán Dirk Schmidt, quien fue detenido sin orden judicial en 2010 y acusado falsamente de terrorismo, pese a que las armas encontradas en su vivienda eran deportivas y legales. Fue encarcelado en condiciones extremas, sufrió torturas y su salud se deterioró. Fue absuelto en 2014.
La denuncia también menciona a la exministra de la Corte Suprema de Justicia Rosario Canedo, procesada tras liberar a un exgobernador opositor. La CIDH itió su caso en 2022, señalando violaciones al debido proceso y a la integridad personal, entre otros derechos.
“La falta de garantías judiciales en Bolivia torna inoperante cualquier intento de justicia local, motivo por el cual esta acción ante tribunales argentinos resulta necesaria”, señala el escrito presentado ayer.
Morales también enfrenta otra causa en la justicia argentina por presunto abuso sexual de menores bolivianas y trata de personas. En este expediente, reabierto recientemente por decisión de la Cámara Federal, se lo acusa de haber mantenido a jóvenes bolivianas en condiciones serviles en su residencia de Buenos Aires durante 2020, cuando se encontraba asilado.
CASOS
- Fondioc
Marco Antonio Aramayo denunció irregularidades en el Fondo Indígena, enfrentándose a una persecución judicial con más de 200 juicios.
- Dirk Schmidt
Un ciudadano alemán residente en Bolivia fue acusado injustamente de terrorismo y alzamiento armado.
- “Terrorismo”
Este caso involucró a varios ciudadanos (incluido Alejandro Melgar Pereira y otros) acusados de formar parte de una presunta célula terrorista de índole separatista.
