Coordinadora por la Democracia pide una Asamblea de la Cruceñidad, ante imputación a líderes cruceños

La Coordinadora por la Defensa de la Democracia se reunió de emergencia la tarde de este jueves y entre sus principales conclusiones está la de solicitar al Comité pro Santa Cruz a que convoque a una Asamblea de la Cruceñidad, ante la imputación que recibieron los líderes cruceños por la realización del paro de 36 días en demanda por el censo.

El encuentro, que se llevó adelante en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), estuvo liderado por el vicerrector de la casa superior de estudios, Reinerio Vargas. Los representantes del Comité Cívico no participaron en este encuentro, más sí en el pronunciamiento que se realizó horas antes.

Las conclusiones abarcan desde demandas departamentales como la defensa de los acuíferos, la vigilancia al Censo de Población y Vivienda, y la presentación de una denuncia ante la Corte Interamericana de Justicia.

Al término de la reunión, pasadas las 19:00, Vargas leyó las ocho determinaciones:

1.- Mantenernos expectantes en la realización del censo oportuno y transparente.
2.- Exigir un nuevo padrón electoral, que sea manejado ya nunca más por instituciones del Estado, sino un órgano privado independiente.
3.- Reafirmar la vigencia de la coordinadora como articuladoras de movilización, con un representante de cada institución
4.- Articular la resistencia democrática con organizaciones de otros departamentos para conformar una coordinadora nacional para un nuevo padrón electoral, defensa de los derechos.

5.- Solicitar una reunión con el Comité Cívico pro Santa Cruz, convocar a una asamblea de la Cruceñidad para recordar la lucha de los 21 días, la renuncia de Evo Morales y desde ahí realizar una convocatoria nacional.

6.- El domingo 27 de octubre realizar una caravana a los acuíferos para colocar el mojón vigilante.

7.- Denuncia internacional ante la Corte Interamericana de Justicia.

8.- Apoyar el primer congreso de Derechos Humanos el 24 y 25 de octubre.

La mañana de este jueves se conoció la imputación del Ministerio Público de La Paz contra Vicente Cuéllar, Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, Reinerio Vargas y José Luis Santistevan por el paro de 36 días, ocurrido en 2022, que demandaba la realización del Censo de Población y Vivienda.

Los líderes cruceños fueron acusados por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; racismo y discriminación; asociación delictuosa; y desórdenes o perturbaciones públicas.

Al respecto, diferentes opiniones se emitieron esta jornada como la de la diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana (CC), que acusó al presidente Luis Arce de perpetrar otro golpe contra la democracia, a través de la Fiscalía. Por ello, se sumó al pedido de una Asamblea de la Cruceñidad para tomar acciones.

“Esto no es inisible y no puede quedar. No les bastó con secuestrar al gobernador Luis Fernando Camacho y ahora buscan con encarcelar a todos los dirigentes de Santa Cruz”, expresó.

Más temprano, la parlamentaria por Creemos, María René Álvarez, manifestó que la persecución política no para por parte del Gobierno contra Santa Cruz y sus autoridades, ya que se busca criminalizar la protesta pacífica como la fue las movilizaciones por el censo.

“Se evidencia que en nuestro país no hay el derecho a la libre protesta”, dijo.