El lunes está prevista la marcha de gremiales que no responden a la línea del Gobierno. La disposición adicional séptima del PGE es la que rechazan los gremiales porque consideran que la confiscación apunta a ellos.
El agro, gremiales, industriales y de transporte denuncian la falta de dólares, el desabastecimiento de carburantes y medidas gubernamentales que generan inseguridad jurídica, advirtiendo un impacto directo en la producción y el a bienes esenciales para la población.
Este apartado faculta el decomiso de productos a aquellos actores del comercio de alimentos que acumulen, retengan o intenten incrementar de manera injustificada los precios.
A través de un comunicado indicaron que “nunca existió” un modelo económico encaminado en buscar el crecimiento económico y el bienestar de los habitantes.
Sectores productivos y la ciudadanía en Santa Cruz, La Paz y Oruro cerraron noviembre con protestas contra el Gobierno de Luis Arce, retornan los cabildos y empiezan a dar plazos al Ejecutivo para que solucione la crisis económica.
Niegan que las amas de casa estén sonrientes, como dijo el presidente Luis Arce al momento de asegurar que los precios de los productos bolivianos bajaron de precio
