No está claro si la colaboración entre las universidades y las autoridades de inmigración afectará a personas amparadas por programas migratorios como el programa de Acción Diferida para lo Llegados en la Infancia (DACA)
RFI entrevistó a la abogada Rachel Schmidtke, de la ONG 'Refugees
International', sobre la decisión de la istración Trump de cancelar a
partir del 24 de abril el estatus legal que tienen en Estados Unidos más de
500.000 migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.
Actualmente, todos ellos están amparados bajo un programa llamado 'Parole in
Place', instaurado por la istración anterior de Biden.
Dueños hispanos de pequeños negocios aseguran que han perdido hasta el 50 % de sus ingresos tras ser el blanco de operativos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
Según el proyecto, el parole humanitario expirará el 24 de abril y para entonces todos los que se habían beneficiado de esta medida deberán haber abandonado el país (para evitar permanecer en territorio estadounidense de manera irregular).
Los centros de Donna, North Eagle y Laredo (Texas), así como los de Yuma y Tucson (Arizona) fueron clausurados. Sin embargo, las instalaciones en San Diego (California) y El Paso (Texas) continuarán operativas
La tarjeta roja enumera algunos de los más relevantes para alguien que no tenga el permiso legal para residir en el país y corra el riesgo de ser deportado, como el derecho a permanecer en silencio recogido en la Quinta Enmienda o a no dejar entrar a la casa a un agente que no porte una orden firmada por un juez, tal como especifica la Cuarta Enmienda.
No inscribirse en el registro será considerado un delito, según anunció el Departamento de Seguridad Interior, lo que implica una criminalización de la inmigración irregular, ya que hasta ahora entrar o permanecer clandestinamente en Estados Unidos era considerado una infracción istrativa y no penal.
Brasil registró el año pasado la llegada de 194.331 nuevos migrantes al país, de los que casi la mitad son venezolanos (94.726), informó este viernes el Gobierno.
Ciudad Juárez es una de las ocho localidades fronterizas a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera en las que el país se está preparando para la ola de expulsiones prevista.
Se trata de la mayor cifra recopilada por la ONG Caminando Fronteras. Provenientes de 28 países, la mayoría perdió la vida en la ruta que une la costa de África con las islas Canarias.
Los carteles muestran "una imagen realista de lo que les sucederá en su viaje", dijo el gobernador Greg Abbott, uno de los críticos más vocales de las políticas migratorias del gobierno federal.
